EN 1ª PERSONA, PREPAGAS Y EL ESCENARIO

Prepagas: cabeza fría al servicio del corazón caliente
Juan Carlos de Pablo
Según mis rigurosas estimaciones sobre cuánto y cuándo cobran, no menos del 100% de los médicos que figuran en las cartillas de las empresas de medicina prepaga hablan pestes de la mamá de los dueños de las referidas instituciones. Por lo que tienen que esperar para ser atendidos, lo mismo ocurre con los afiliados. Y como si esto fuera poco, el Poder Ejecutivo acusa al sector de actuar de manera “cartelizada”.
Siguiendo a Alfred Marshall, propongo poner la cabeza fría al servicio del corazón caliente. Lo cual implica entender primero, para calificar y actuar después.
Un seguro de un auto contra todo riesgo es razonablemente fácil de celebrar porque son muy pocos los nuevos riesgos. Esto no ocurre en el caso de la salud. Ejemplo: cuando contraté mi seguro con una prepaga, ni la empresa ni yo imaginamos el Covid-19. ¿Debe atenderme dentro de la cuota o facturarme por separado?
Las autoridades agregaron muchas obligaciones que las prepagas debían cubrir, pero no hay que ir a la facultad para ver que esto es imposible sin aumentar la cuota ¡por de la inflación!, pagarles menos a los médicos o atender peor al resto de los afiliados. Además de lo cual no hay que ser médico para advertir que, en términos de equipos, medicamentos, etc., se atiende de manera diferente de como se hacía, digamos, hace 30 años.
Que las prepagas hayan aumentado sus cuotas de manera similar puede ser signo de cartelización o de que algún elemento de costo les pegó por igual. ¿Están cartelizadas YPF, Shell y Exxon porque también mueven de manera coincidente el precio de las naftas?
Me encantaría ver un cuadro o un gráfico que relacione las cuotas de las prepagas con la tasa de inflación. Pero no en los últimos 3 meses, sino, por ejemplo, en los últimos 3 años.
¿Qué diferencia existe entre el mercado de la pizza y el de las preencima pagas? Que si en una pizzería no me atienden como me gusta, voy a otra; pero esto es muy difícil en el caso de las prepagas. Esta es la justificación de la intervención estatal. Pero si los funcionarios les ladran a los integrantes del sector, estos olvidan sus diferencias y unifican posiciones frente a un enemigo común. En otros términos: ojo que el accionar público puede cartelizar al sector.
Funcionarios y propietarios de las empresas de medicina prepaga se tienen que sentar con datos, superando los entendibles gritos de facultativos y afiliados.
Las autoridades les agregaron muchas obligaciones a las empresas del sector

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Reglas diferentes, según cuál sea la prepaga
La resolución que pone tope a las subas abarca a siete entidades y la denuncia judicial es contra 18; las consecuencias y las explicaciones

Silvia Stang
¿Por qué una resolución que abarca a un grupo de entidades –y, por lo tanto, a un grupo de afiliados– y no a todas las que subieron sus cuotas en porcentajes similares? La inquietud surgió de forma inmediata entre los actores del sector y, con mayor intensidad aún, entre los usuarios del sistema dejados al margen, luego de que el Gobierno anunció su decisión de establecer límites para las subas de cuotas en la medicina prepaga.
La gestión de Javier Milei pasó, en cuatro meses, de disponer la liberación absoluta de los precios de los planes de salud a definir reglas que, más allá del camino transitado para definirlas, implican topes a los aumentos, con una particularidad: son reglas que discriminan, porque algunas entidades deberán aplicarlas y otras no, sin que eso esté justificado en comportamientos diferentes respecto de los precios.
Concretamente, lo resuelto es que, para definir cuánto cobrar a sus afiliados, siete prepagas deberán considerar el valor de sus cuotas de diciembre de 2023 y aplicar, como máximo, la inflación acumulada según el último dato disponible al período correspondiente. Por ejemplo, si en los cuatro primeros meses del año se acumulara una variación del índice de precios al consumidor (IPC) de 65%, y si la facturación se emitiera a mediados de mayo (cuando se conozca la inflación de abril), los precios serían un 65% más altos que los de fines del año pasado. En la práctica, los importes hoy facturados son muy superiores y, por eso, la medida implica una baja de precios, solo para los casos alcanzados.
En las siete entidades están, según el Gobierno, aproximadamente el 75% de los afiliados al sistema. El resto no queda sujeto a esa regla y las empresas en las que están pueden seguir cobrando –en principio y de no mediar una posible pronta decisión judicial– según sus criterios. Los incrementos acumulados desde enero y hasta el mes actual son de entre 140% y 165%, en general. Y para mayo se anunciaron en muchos casos subas que rondan el 10%.
La explicación dada por el Gobierno a la discriminación es que la resolución es una “medida de tutela”, emitida sobre la base del dictamen de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNFC), hecho a su vez en repuesta a una denuncia que presentaron en enero referentes de la Coalición Cívica por supuesta cartelización. Y en esa presentación se mencionó a las siete entidades a las que abarca ahora la decisión oficial: Galeno, Medifé, Swiss Medical, Omint, OSDE, Hospital Británico y Hospital Alemán.
“Eso no está en control del Gobierno, sino de los denunciantes”, señalaron desde el Gobierno, ante la consulta de sobre por qué no la nacion se pudo llegar a emitir una medida generalizada. “La investigación no puede incluir a empresas no denunciadas, por riesgo de que se caiga por temas procesales”, agregaron.
Hernán Reyes, legislador porteño y uno de los denunciantes, afirmó que si bien el Gobierno –en el marco de una decisión tomada a partir de aquella presentación– no podría haber emitido una medida que involucrara a entidades no notificadas de una investigación contra ellas, sí podría haber avanzado previamente para determinar qué otras empresas estaban presuntamente actuando de forma abusiva, para darles aviso e incluirlas en el expediente. Según Reyes, desde la CNDC no se agregaron argumentos a los que habían sido presentados inicialmente ni se amplió la investigación.
Referentes del sector afirmaban ayer que, más allá de las consideraciones sobre la medida en sí, no parece sostenible que no abarque a todas las entidades. Entre las que quedan afuera hay algunas que tienen una población amplia de jubilados, especialmente afectados por la liberación de precios dispuesta por el Gobierno, que, a la vez, mantuvo congelados los haberes de la Anses en enero y febrero, los dos meses en que hubo incrementos más fuertes de las cuotas. “Va a haber presión de los afiliados”, consideró un directivo del sector, que rescató un dato no menor, considerando cómo se gobierna en estos tiempos: hubo muchas menciones en la red social X de entidades no incluidas, como el Hospital Italiano o Sancor Salud.
Desde el Gobierno señalan que la resolución emitida se complementa con la presentación hecha ante la Justicia por la Superintendencia de Servicios de Salud, también por supuesta cartelización: allí se pide que se le ordene a un grupo de empresas que retrotraigan los valores a diciembre y que devuelvan parte de lo cobrado en los últimos meses.
El pedido abarca a 18 entidades que, según el Gobierno, reúnen al 90% de los afiliados. Se trata de Medicina Esencial, Accord, Prevención, Hominis, Avalian, Federada Salud Sipssa, Hospital Italiano, Luis Pasteur, OSDE, Medifé, Sancor, Jerárquicos Salud, Medicus, Met Córdoba, Swiss Medical, Omint y Galeno. Entre las no incluidas, curiosamente hay dos que sí están nd alcanzadas por la resolución de Comercio: el Hospital Alemán y el Hospital Británico.
Más allá de los efectos desiguales para empresas y afiliados de las decisiones del Gobierno, hay un eslabón de la cadena que, según advierten sus referentes, agravará su crisis: el de los prestadores, como clínicas y centros de diagnóstico. Los que dan servicios a las prepagas tienen la actualización de sus aranceles (cobrados por lo general con demoras) atada a la suba de cuotas. El año pasado, mientras las prepagas advertían que las alzas autorizadas iban por detrás de las subas de costos, los pacientes notaban cada vez más problemas en las prestaciones: cobro o intentos de cobro de copagos, demoras en los turnos, salida de médicos de las cartillas y congelamiento de reintegros. “El tema –vaticinó un referente de la actividad– será el próximo que en materia de salud volverá a tomar protagonismo en la agenda pública”.

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Dudas en las clínicas y entre los médicos
Francisco Olivera
La cuota de una prepaga es una cuestión tan sensible al funcionario público que fue ese rubro, junto con el turismo y la lechuga, lo que empujó al gobierno de Néstor Kirchner a intervenir el Indec en enero de 2007. La diferencia con lo que pasaba entonces es que ahora el sistema de salud arrastra unos 15 años de un manoseo que provoca, entre otros efectos, que los precios no reflejen los costos. Un modelo inviable.
Ese déficit acumulado es lo que tentó al Gobierno y a las prepagas a intentar, desde lados opuestos, resolverlo en tres meses. Y estalló la bomba. Lo que se discute ahora es apenas el comienzo, porque los precios de todo el sector están encadenados: el valor de lo que la prepaga les cobra a sus afiliados es referencia de lo que está dispuesta a pagarles por una consulta médica, un análisis o una internación a sanatorios, hospitales y clínicas. Este eslabón, el de los prestadores, es con los médicos el más débil de un sistema que llegó al límite de la regulación en la última parte de la gestión de Sergio Massa, durante la campaña electoral.
Afinesde2023,unprofesionalpodía cobrar por una consulta $2500, y es la razón por la que muchos de ellos se borraron de las cartillas, cobraban copagos o daban turnos voladores a sus pacientes. La economía ajusta por precio o por volumen: en este caso fue por volumen, que en la industria de la salud es la atención y la calidad del servicio.
El decreto de Sturzenegger desencadenó alzas de hasta casi el triple en las cuotas, pero había atenuado parte de ese desequilibrio. En algunos casos, los honorarios de los médicos se triplicaron: a fines de abril, por la consulta en un hospital privado top de la ciudad se pagarán $ 10.200. La incógnita es qué pasará a partir de ahora. ¿Asumirán las prepagas el 100% del costo de la reducción que les pide el Gobierno o la trasladarán a los prestadores? ¿El médico volverá cobrar esos $2500? ¿Vienen más copagos?
Es la duda de Gerardo Figueroa, presidente de la Cámara de Prestadores de la Seguridad Social (Capres), entidad que agrupa a hospitales y clínicas del conurbano. Figueroa coincide con el Gobierno en que las prepagas están cartelizadas. “Nos ponen los precios: te ofrecen lo mismo”, dice, pero también se pregunta: “¿Ahora vamos a los precios de diciembre con los costos de ahora?”. La discusión lo sorprende además en medio de la paritaria. En febrero los trabajadores recibieron un aumento del 30%; en marzo, un 12%, y ya arrancó la negociación para los salarios de todo el año.
El camino es difícil de desandar. Mientras el IPC llegaba al 20,6% en enero, las prepagas les aumentaron a sus afiliados el doble, el 40%, y les trasladaron a su vez a los sanatorios el 38%. Y así fue todo el verano. Según datos de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales privados (Adecra), mientras las prepagas les subieron a sus afiliados las cuotas 115,7% entre diciembre y marzo, los prestadores recibieron 92,5%.
Si las prepagas absorben el costo, tendrán una pérdida económica importante; si no lo hacen, le darán la razón al Gobierno: evidentemente tenían espaldas para aplicar aumentos más graduales.
Es posible que esta crisis obligue a repensar el sistema. Las cuotas de la medicina prepaga estuvieron reguladas desde 2011, con la ley que impulsó Cristina Kirchner (la 26.682), que dispuso que todo aumento debía contar con la aprobación oficial. Fue así hasta el DNU 70 de Javier Milei, en diciembre.
En aquella ley se incluyó el programa médico obligatorio, un umbral que fue sumando prestaciones y que también hace subir los costos. Sigue vigente. ¿Habrá que reformularlo? ¿La cartilla de una afiliada de 70 años debe incluir obstetricia? ¿La de un padre de 7 hijos, tratamientos de fertilidad? ¿O se podrá acceder, como propone Carlos Regazzoni, exdirector del PAMI, a módulos de prestación con cuatro o cinco componentes según la preferencia del afiliado?
El 75% de los argentinos se atienden en el sistema de salud privada. Nunca un tema fue tan relevante y tuvo tantas inconsistencias

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EL ESCENARIO Y ONG

Poder, emociones y salud mental
Carlos Pagni


¿ Quépapeljueganlasemociones en la vida política? ¿En qué medida los estados de ánimo determinan el voto? ¿Qué efecto tienen sobre el psiquismo las tensiones asociadas al ejercicio del liderazgo? ¿El poder puede desatar desequilibrios mentales? ¿Las personas con desequilibrios mentales son más propensas a la búsqueda y al ejercicio del poder? Estas preguntas son eternas. Pero en la actualidad tienen una gravitación inédita sobre la vida pública.
En la Argentina el último en formularlas ha sido Marcos Peña. Quien fue jefe de Gabinete de Mauricio Macri reapareció en la escena pública como autor de El arte de subir (y bajar) la montaña. Es un libro de memorias, pero con una peculiaridad que lo aleja de ese género. Peña escribe sobre el impacto que tuvo el contacto con el poder en su intimidad emocional. Ese testimonio se entrelaza con una larga reflexión acerca de los conflictos subjetivos a los que están expuestos quienes deben ejercer el liderazgo. Peña habla de sí mismo y hace hablar a otros. Recoge la experiencia de muchas personalidades, de las más variadas disciplinas y nacionalidades, a las que entrevistó para su podcast Proyecto 77. Es un trabajo interesante por su contenido. Pero también por el contexto en que aparece. Las pasiones y la afectividad han estado en los últimos tiempos mucho más presentes que lo habitual en la política.
Un fenómeno que se ha observado una y otra vez, sobre todo durante la campaña electoral, es la pesadumbre que experimenta una parte mayoritaria de la sociedad argentina. Quienes indagaron como encuestadores en la imagen que los votantes se fueron formando del entorno colectivo en los últimos años se asombraron al advertir un pesimismo y una sensación de desamparo que no alcanzaban la misma intensidad en otras crisis. Pérdida del sentido de futuro, la sensación de que “esto ya no es vida”, un desasosiego que casi siempre terminaba en llanto.
Hay una coincidencia muy extendida en que una clave del éxito de Javier Milei fue haber no solo interpretado, sino encarnado en su propia expresividad ese desasosiego. Milei vino a confirmar la sospecha que una contrariada Chantal Mouffe expresó en su libro El poder de los afectos en la política: en estos tiempos, la derecha, a escala internacional, ofrece una respuesta mucho más eficiente que la izquierda a la exigencia de protección y seguridad que el público plantea a la dirigencia.
En la misma línea, algunos observadores fueron más allá de Mouffe para señalar la capacidad especial de algunos líderes conservadores, más o menos populistas, para hacerse cargo de ese estado de conciencia y movilizarlo en su beneficio hacia las urnas. De todos esos ensayos, hay uno de Andrew Anthony que destaca por lo audaz. Toma sin saberlo una ocurrencia de Felipe González, quien, inspirado por su colaboradora Rocío Martínez-Sampere, bromeó en noviembre pasado: “Yo a los nuevos jefes de la derecha los distingo por el pelo”. El ensayo de Anthony salió en The Guardian con el título “El populismo tiene que ver con el cabello: lo que los líderes de derecha intentan decirnos con sus peinados salvajes”. El periodista recorre las cabelleras de Milei, Boris Johnson, Donald Trump y Geert Wilders, el líder del Partido de la Libertad de los Países Bajos. En todos los casos decodifica el mismo mensaje a través del peinado, llamémoslo así, heterodoxo: indica la presencia de una personalidad no convencional, disidente frente a lo establecido, capaz de dar solución a los problemas por la fuerza de su excepcionalidad y avasallando los lentos y estériles rituales de la institucionalidad.
Sin ir tan lejos por este camino de la semiótica, es evidente que el desasosiego espiritual de las muchedumbres parece hacer juego con líderes dotados de una gran habilidad para representar y a la vez direccionar pasiones con el imán de la extravagancia. Quiere decir que hay un puente más o menos repetitivo entre momentos en que el estado de ánimo colectivo se muestra muy sombrío y la emergencia de dirigentes que se ofrecen como una salida no por la calidad de sus programas, sino por la singularidad de su carácter. Esta perspectiva conduce a una cuestión clásica en el análisis del liderazgo: el blindaje narcisista que caracteriza a tantas celebridades de la política.
En su libro, Peña reflexiona en un contraste explícito contra ese modelo de dirigente. Defiende la humanización del que conduce, la aceptación de su vulnerabilidad, la necesidad de cubrir una fragilidad siempre presente, pero que, sometida a las exigencias del gobierno, se vuelve más amenazante. Por contraposición, Peña realiza un alegato contra el síndrome de hibris. Es decir, levanta una advertencia sobre la capacidad que tiene el ejercicio del poder para trastornar la conducta. La idea es que el poder no solo corrompe. El poder enferma.
Hibris
En la antigua Grecia se creía que la existencia de cada ser humano cobija un monto de felicidad y de tristeza, de éxito y de fracaso, asignado por los dioses. La pretensión de modificar esa ración recibía el nombre de hibris. Esa palabra significaba desmesura y era vista como un desborde de la condición humana que lleva a desafiar a la divinidad.
Hoy la palabra hibris es traducida como soberbia o infatuación. Los psiquiatras identifican ese trastorno en quienes ejercen posiciones relevantes de poder, que es el problema que desvela a Peña. Él cita al estudioso más relevante de este campo: David Owen, cuyo libro más difundido es El síndrome de hibris, donde analiza los gobiernos de Tony Blair y George Bush hijo. Sin embargo, el texto que hizo célebre a Owen, y que muchos argentinos conocieron gracias a Nelson Castro, es el que escribió junto a Jonathan Davidson. Fue publicado en 2009 en el número 132 de la revista Brain. Journal of Neurology, con el título “Síndrome de hibris: ¿un desorden de personalidad adquirido? Un estudio de los presidentes de Estados Unidos y los primeros ministros del Reino Unido a lo largo de los últimos 100 años”.
El texto de Owen y Davidson pertenece a una larga serie de estudios sobre las determinaciones psicológicas del liderazgo, Allí están también los trabajos de Sigmund Freud, Jerrold Post, Malcolm Gladwell, Jonathan Haidt y Gabor Maté. Owen es un destacado político británico que ocupa una banca en la Cámara de los Lores. Antes de ingresar a la carrera política ejerció la medicina como neurólogo y psiquiatra. Davidson también es psiquiatra e investiga sobre en ansiedad y estrés en la Duke University.
Para ellos, la hibris es el lado osmodo curo del liderazgo. Los grandes jefes suelen tener carisma, encanto, habilidad para inspirar a otros, capacidad de persuasión, disposición para tomar riesgos, grandeza de aspiraciones y confianza en sí mismos. Pero Owen y Davidson observan que suelen estar signados por la impetuosidad, el rechazo a oír consejos, una forma de incompetencia derivada de la impulsividad, dificultad para evaluar las consecuencias de los propios actos, y este rasgo, muy recurrente: un desdén por los detalles propio de quienes se creen infalibles. La hibris sería una modulación del narcisismo en una fase tan aguda que es capaz de llegar al abuso de poder y a la negligencia frente a la posibilidad de dañar la vida de otros. En los dictadores es una desviación caricaturesca. Owen y Davidson recuerdan que Ian Kershaw, el eximio biógrafo de Hitler, tituló su primer volumen (1889-1936) Hibris.
Los autores advierten que es más probable que una tendencia al egocentrismo se convierta en síndrome de hibris después de un gran triunfo electoral. Y que se desarrolle ante una guerra o un desastre financiero.
Según Owen y Davidson, los líderes que son víctimas de hibris presentan 14 características: 1) ven el mundo como un lugar de autoglorificación a través del ejercicio del poder; 2) tienen una tendencia a emprender acciones que exaltan la propia personalidad; 3) muestran una preocupación desproporcionada por la imagen y la manera de presentarse; 4) exhiben un celo mesiánico y exaltado en el discurso; 5) identifican su propio yo con la nación o la organización que conducen; 6) en su oratoria utilizan el plural mayestático “nosotros”; 7) muestran una excesiva confianza en sí mismos; 8) desprecian a los otros; 9) presumen que solo pueden ser juzgados por Dios o por la historia; 10) exhiben una fe inconmovible en que serán reivindicados en ambos tribunales; 11) pierden el contacto con la realidad; 12) recurren a acciones inquietantes, impulsivas e imprudentes; 13) se otorgan licencias morales para superar cuestiones de practicidad, costo o resultado, y 14) descuidan los detalles, lo que los vuelve incompetentes en la ejecución política.
Proyectada sobre la cotidianidad de la política, la hibris se traduce en comportamientos muy característicos. El más frecuente es la iracundia. El líder afectado por esa arrogancia estructural vive el borde de la furia, con estallidos que determinan el de aproximación de los colaboradores hacia él.
En un sentido menos ostensible, la presunción de solo estar expuestos al juicio de Dios o de la historia vuelve a los líderes que padecen este síndrome muy proclives a desafiar a los tribunales y enfurecerse frente al periodismo crítico. Es decir, aparece una dificultad para aceptar el límite. Estas tendencias se refuerzan por ese desprecio por los otros, que los vuelve casi adictos al insulto.
Owen y Davidson se sirvieron de un sinfín de biografías para analizar las personalidades de la mayoría de primeros ministros británicos y presidentes norteamericanos del siglo pasado hasta la primera década del actual. En esa secuencia citan a uno de los consejeros de John F. Kennedy (1961-1963), Richard Goodwin, quien describe a su jefe en un rapto de hibris durante el fiasco de Bahía de Cochinos: “(…) Tuvo una gran arrogancia; la no reconocida, la inconfesable creencia en que podría comprender, y aun predecir, el elusivo, a menudo sorprendente, siempre conjetural curso del cambio histórico”.
El diagnóstico de Goodwin sobre Kennedy es revelador de un aspecto de la hibris que explica innumerables derivaciones prácticas. El líder que se exalta a sí mismo suele experimentar una suerte de conexión visceral con la marcha de los hechos. Hugo Chávez confesó a Daniel Filmus, en una entrevista para canal Encuentro, que él sentía que por sus venas galopaba el caballo de la historia. Hay una versión hipertrofiada de esa percepción: la creencia de que se gobierna o se lidera por un mandato divino. Es decir, la tentación de introducir el más allá en el tiempo. O, como alerta Karen Armstrong en su libro sobre el origen del fundamentalismo en los tres monoteísmos, la propensión catastrófica a transformar el mito en logos.
Isaiah Berlin explicó, y censuró, una forma de ejercer la política para la cual hay valores objetivos, interpretaciones “verdaderas” que, en realidad, postulan como indiscutibles a las que son meras opciones morales o ideológicas. Es la posición de dirigentes que defienden sus puntos de vista alegando que hablan en nombre de la ciencia. La consecuencia inevitable de esta posición es la negación de cualquier perspectiva divergente. La suposición de que la diferencia en los modos de pensar es, en realidad, una perversión. Donde un espíritu liberal ve pluralismo, el gobernante presa de la hibris ve una inclinación por la mentira.
Este sistema de prejuicios se activa de manera muy frecuente en los ataques a la prensa. Para el líder que se encapsula en una burbuja de certezas, es inconcebible la aparición de un ángulo crítico. Los periodistas no cuestionan, más aún, ni siquiera se equivocan: si no convalidan al poder, es porque están maquinando operaciones. Quiere decir que, desde la perspectiva de Owen y Davidson, la hibris está asociada al dogmatismo. Esa deformación que tan bien caracterizó Shakespeare en Enrique VI, cuando le hace decir a York: “La verdad aparece tan desnuda de mi parte que cualquier ciego puede verla”. Como comenta Stephen Greenblatt en ese gran libro que es El tirano. Shakespeare y la política: “Todo es negro o blanco. No se admite en ningún momento que pueda haber una zona gris; imposible reconocer que una persona razonable pueda discrepar de tales presupuestos. Cada uno piensa que solo puede deberse a pura maldad no reconocer algo que es tan indiscutiblemente ‘evidente’”.
Owen y Davidson cuentan que Richard Nixon comenzó a experimentar signos de hibris en la campaña de 1972, cuando le dijo a Henry Kissinger: “Nunca lo olvide, la prensa es el enemigo. El establishment es el enemigo. Los profesores son los enemigos”. La lectura de la política como una relación amigo-enemigo es consustancial a la patología que describen Owen y Davidson. Y de la mano de la imagen del enemigo llega otro síntoma: la tendencia a sospechar conspiraciones. Resulta útil en este punto del camino detenerse en La evaluación psicológica de los líderes políticos, ese gran tratado sobre psicología del poder escrito por Jerrold Post, quien no en vano pasó 25 años al frente de la oficina de análisis psicológico de la CIA. Allí Post describe, de manera muy esquemática, tres estilos en el manejo del mando y en la conducción del entorno: el obsesivo-compulsivo, el narcisista y el paranoico. La hibris es, como ya se dijo, una exageración del narcisismo. Pero convive con notas paranoides. Lleva a suponer que hay un enemigo oculto, que en la fantasía de su víctima suele ser una máquina perfecta. Para la personalidad paranoide todo dato corrobora los prejuicios. Todo el tiempo hay que monitorear el ambiente. Por eso los gobernantes con este padecimiento suelen ser adictos a los servicios de inteligencia. Es obvio: la verdadera realidad no es evidente, está escondida. Entender es espiar.
El historiador Bert Park vio algunas de esas características en Woodrow Wilson, presidente de los Estados Unidos entre 1913 y 1921. Lo pintó como petulante, intransigente y paranoico”. La personalidad de Wilson impresionó a muchos observadores de su tiempo, hasta llamar la atención nada menos que de Freud, que le dedicó un estudio en colaboración con William Bullit.
En ese libro, con prosa envidiable, el padre del psicoanálisis publicó esta reflexión: “Locos, visionarios, víctimas de alucinaciones, neuróticos y lunáticos, han desempeñado grandes papeles en todas las épocas de la historia de la humanidad. Habitualmente han naufragado haciendo estragos, pero no siempre. Personas así han ejercido una influencia de gran alcance sobre su propio tiempo y los posteriores han dado ímpetu a importantes movimientos culturales y han hecho grandes descubrimientos. Han sido capaces de alcanzar tales logros, por un lado, con la ayuda de la porción intacta de sus personalidades, es decir, a pesar de sus anormalidades; pero, por otro lado, son a menudo precisamente los rasgos patológicos de su personalidad, la unilateralidad de su desarrollo, el refuerzo anormal de ciertos deseos, la entrega a una sola meta sin sentido crítico y sin restricciones, lo que les da el poder para arrastrar a otros tras de sí y sobreponerse a la resistencia del mundo”

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Poder Ciudadano criticó la postulación de Lijo a la Corte: “Tiene que ser intachable”
Sin nombrar al juez, le pidió a Milei que “considere” que los miembros del tribunal deben tener un “amplio consenso”
La ONG Poder Ciudadano se sumó ayer al largo listado de asociaciones civiles que cuestionaron la decisión del Gobierno de impulsar al juez federal Ariel Lijo como uno de los postulantes para integrar la Corte Suprema.
Sin nombrar directamente al magistrado, se instó al presidente Javier Milei a que “considere los principios en la selección final”. “Cualquier duda o cuestionamiento sobre la integridad de un candidato puede socavar la credibilidad de la institución y afectar su capacidad para impartir justicia de manera imparcial y equitativa”, se consideró.
“Desde Poder Ciudadano consideramos que la confianza en la imparcialidad y la rectitud de los integrantes de la Corte Suprema es esencial para la legitimidad del sistema judicial en su conjunto”, indicó la organización.
“Es indispensable que la designación de los/las integrantes de la Corte Suprema sea de juristas intachables que cuenten con un amplio consenso político y social”, advirtió la entidad en su comunicado, y destacó que este acuerdo “garantiza la estabilidad y la legitimidad del tribunal, fortaleciendo su independencia y su capacidad para actuar como garante de los derechos y las libertades fundamentales de todos los ciudadanos”.
Poder Ciudadano alertó, además, que la ausencia de mujeres como integrantes del máximo tribunal “socava los avances que se dieron en la materia durante los últimos 20 años”.
Días atrás, en un contundente pronunciamiento, la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires advirtió que la Argentina atraviesa una crisis económica y cultural de extrema gravedad y recordó que “la designación de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación implica un acto de suma trascendencia institucional”.
Marcó, así, sus discrepancias con la postulación del magistrado Lijo.
“La cobertura de cualquier vacante que se produzca en el alto tribunal de la República requiere del nombramiento de juristas relevantes e imparciales, que no solo posean condiciones de idoneidad para el ejercicio de esa alta función que les encomienda el Estado sino, fundamentalmente, una acrisolada moral pública, en el sentido que le atribuye el art. 19 de la Constitución nacional a las acciones privadas de los hombres”, expresó, en una declaración firmada entonces por su presidente, Juan Carlos Cassagne, y el secretario, Eduardo A. Sambrizzi.
A la vez, el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (Fores) sostuvo que la candidatura de Lijo genera “sospechas” y “polémicas” por sus antecedentes.
En paralelo a los cuestionamientos, organizaciones no gubernamentales ligadas al ejercicio del derecho y al partido Pro se pronunciaron con pedidos para auditar una causa en la cual Lijo fue sobreseído junto con su hermano, Alfredo “Freddy” Lijo, tras indagar sobre su patrimonio.
Las presentaciones fueron realizadas por Será Justicia, Profesores Republicanos y Acción Conjunta Republicana, y fueron realizadas luego de que la Coalición Cívica, de Elisa Carrió, que denunció a Lijo, reclamara que se realice una investigación sobre el modo en que fue cerrado el caso, a partir de un pedido del fiscal Franco Picardo al juez federal Julián Ercolini.
El lunes pasado, el Poder Ejecutivo abrió la etapa dentro del procedimiento estipulado –que se extenderá durante dos semanas– para que ciudadanos y entidades presenten sus “posturas” y “observaciones” a la candidatura a la Corte Suprema del académico Manuel García-Mansilla y del juez Lijo.
A través de sendas publicaciones en el Boletín Oficial del lunes 15 de abril, el Poder Ejecutivo despejó dudas y postuló oficialmente a los magistrados para integrar la vacante disponible en el máximo tribunal que se liberó tras la salida de la exministra de la Corte Elena Highton de Nolasco.
Si bien hace más de un mes que se conoció la propuesta del Poder Ejecutivo, la cual fue duramente criticada por la oposición y académicos, en especial en torno a la figura de Lijo, recién el lunes quedó oficializada mediante el Boletín Oficial en la sección de Avisos Oficiales. Pese a su oficialización, dependerá del Senado aceptar o no a los postulados.

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REFORMAS LLA

Un artículo clave de la reforma laboral enfureció a la CGT y desató una pelea entre Milei y la UCR
El capítulo de “aportes solidarios” hizo estallar a los gremios, que temen por su recaudación; el Gobierno intentará retirarlo, pero los radicales presionan

Matías Moreno
El Gobierno y la oposición cooperativa se conjuran para buscar un acuerdo y lograr la aprobación de la nueva versión de la “Ley de bases”, con el fin de evitar el drama vivido por el oficialismo en febrero y dar una señal a los mercados y posibles inversores en el exterior sobre la sustentabilidad jurídica y política del programa de Javier Milei. Sin embargo, la Casa Rosada aún no logra atar los cabos sueltos de la negociación ni despegar las dudas de los bloques dialoguistas en el Congreso que tienen la llave, junto a los gobernadores, para lograr la sanción de las reformas del Presidente.
Uno de los obstáculos que empantanan el trámite es la decisión de los jefes parlamentarios de incluir en el proyecto de reforma laboral la eliminación de la obligatoriedad de las “contribuciones solidarias” –una de las principales fuentes de recursos de los gremios–, que surgen de los convenios colectivos de trabajo.
La inserción en la iniciativa del capítulo que ataca el financiamiento de los sindicatos puso en pie de guerra a los jefes de la CGT, quienes habían aceptado concurrir la semana pasada a una reunión en la Casa Rosada con el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro del Interior, Guillermo Francos, en un gesto orientado a reencauzar el diálogo con el Gobierno y sellar una frágil tregua. A lo largo de la conversación, Santiago Caputo, el estratega político y comunicacional del Presidente, dejó muy en claro que Milei estaba dispuesto a firmar un armisticio. Caputo, el custodio de la identidad libertaria, se mostró comprensivo y pragmático ante Hugo Moyano y los “gordos”. Es más: sugirió que el Gobierno cometió un error al haber incluido modificaciones en los aportes solidarios en el decreto 70/2023, un fragmento que fue frenado por fallos judiciales del fuero laboral, sin haber consensuado previamente con los sindicatos esa modificación sensible a la normativa.
En un giro conciliador, debido a la urgencia por garantizarse un éxito legislativo y reducir el nivel de conflictividad social –avanzaron también para frenar los aumentos en prepagas–, Caputo y el resto de los colaboradores de Milei abrieron la puerta a consensuar con la CGT la reforma. De hecho, les adelantaron a los popes de la central obrera que habían definido darle a la UCR un rol clave: que sea el rostro de la presentación de la modernización laboral. ¿Un gesto para darles centralidad a los radicales o una trampa encubierta para que paguen el costo político? “Milei tiene un poco de picardía y es hábil para comunicar”, concede un dirigente relevante de la UCR.
La cúpula sindical estaba al tanto del proyecto que preparaban los senadores de la bancada de la UCR, a cargo del correntino Eduardo Vischi. Ese texto planteaba tres ejes centrales: un fondo de cese laboral a cambio de las indemnizaciones; la modificación de las multas de la ley 24.013, y la ampliación del período de prueba. El borrador de la iniciativa pensada por los senadores radicales circuló entre los altos mandos de la CGT y cosechó adhesiones. Esa versión era digerible, ya que no tocaba el financiamiento de los sindicatos. Incluso los jerarcas gremiales aventuraban que podría tener el aval del PJ.
El miércoles último, la plana mayor de la CGT se retiró de la Casa Rosada con una sensación de alivio, pese a la desconfianza que impera en el vínculo con los libertarios. Estaban convencidos de que el Gobierno no avanzaría contra las cajas sindicales y que tomaría el proyecto de los senadores del radicalismo. No obstante, menos de 24 horas después de la cumbre con Posse, Francos y Caputo, una rama interna de la UCR movió sus fichas y presionó para correr por derecha a Milei.
Fueron Rodrigo de Loredo, conductor del bloque, y otros quince diputados de la UCR quienes empujaron para incluir el artículo sobre la eliminación de los “aportes solidarios” en el proyecto unificado de la UCR que presentaron el jueves pasado a la Casa Rosada.
En las últimas reuniones, cuando retomaron el diálogo con el Congreso para reflotar la “Ley de bases” y el pacto fiscal, Francos y Posse les habían dicho a los radicales que preferían que la iniciativa no se inmiscuyera en el tema de los recursos sindicales porque el Gobierno estaba tratando de acercarse a la CGT para recomponer el vínculo.
Los representantes de la UCR durante la reunión de marzo en la Casa Rosada optaron por no atender el pedido y sumaron el tema de los aportes solidarios.
El jueves, los gremialistas se enteraron a través de los medios de que el proyecto que la UCR ponía sobre la mesa contemplaba la eliminación de los aportes “obligatorios”. Lo sintieron como una estocada por la espalda. Y esa fue una de las razones que los empujaron a convocar al paro del 9 de mayo.
En rigor, la UCR llegó al encuentro del jueves con Posse con un texto aggiornado, que aglutinaba los puntos primordiales de la iniciativa impulsada por Vischi y las propuestas del bloque de De Loredo. En la Cámara baja se impuso la postura más belicosa de los diputados, quienes forzaron a revisar la versión del Senado.
Si bien el texto final de la UCR retoma la base de las medidas que incluyó Milei en el DNU, los diputados radicales apostaron por una redacción más osada que sus correligionarios en el Senado. Y acordaron incorporar la “eliminación” de la contribución obligatoria –los aportes “solidarios”– . “La UCR propone que la cuota sea voluntaria”, aclaran desde el Senado. Vischi se había inclinado por no incluir el tema del aporte solidario para que el proyecto tuviera más chances de ser aprobado.
El megadecreto de Milei, que ideó Federico Sturzenegger, establece que el empleador no está obligado a cobrar retenciones sobre el salario del trabajador de cuotas, aportes o contribuciones por ser afiliados a asociaciones sindicales, a menos que exista un consentimiento del empleado.
En el gabinete de Milei admiten que la idea es retirar la cuota sindical del capítulo laboral, aunque no descartan poner un tope a las contribuciones. Saben que tienen tiempo para intentar desactivar el paro con un acuerdo in extremis y se muestran comprensivos ante la reacción sindical. En rigor, los negociadores del Gobierno creen que el artículo engorroso para los gremios podría caerse por falta de consenso durante el debate en el plenario de comisiones.
Anoche, en medio de la pulseada, Milei usó su cuenta de la red “X” para arremeter contra los detractores de la reforma. Al compartir datos sobre el récord de trabajadores no registrados (43,5%), el Presidente afirmó: “Pero después uno intenta modernizar la legislación laboral y se ponen como locos... La disonancia cognitiva que generó el lavado de cerebro en la educación pública es tremendo”, sostuvo.
La cruzada de los “halcones” radicales esconde una jugada oculta. Buscan dar un golpe de efecto y apelar al “principio de revelación”, un latiguillo académico de Milei, durante el debate en comisión. A sabiendas de que el Gobierno prefiere excluir el artículo de los “aportes solidarios” para no complicar la sanción de la reforma ni escalar el conflicto con la CGT, De Loredo y los referentes radicales en Diputados decidieron redoblar la apuesta y desafiar al Gobierno.
“No vamos a ser los radicales quienes saquemos el tema de los aportes solidarios del proyecto. Hay que ir a fondo, no hay nada más ‘casta’ que los sindicalistas. Que lo retire el oficialismo en comisión y se hagan cargo de firmar el dictamen junto con el kirchnerismo. Veamos de qué lado está cada uno”, advierten en la cúpula del bloque de la UCR. Se trata de una movida para dejar en evidencia que Milei no se anima a ir contra la “casta” como pregona en las redes.
¿Hasta qué punto están dispuestos a tensar para incluir el artículo sobre los aportes? ¿Qué harán si peligra la reforma laboral?
El alcance de la reforma laboral que diseñó la UCR para entregarle en mano a Milei no solo disgustó a los jefes de la CGT, sino que encendió las alertas en el tablero de Hacemos Coalición Federal, que lidera Miguel Ángel Pichetto. Se trata de otro aliado clave para el Gobierno. Tanto Pichetto como Emilio Monzó y Nicolás Massot creen que, por la profundidad de la crisis y la necesidad de colaborar con un eventual reactivación, es primordial avanzar ahora con los cambios asequibles dentro de la legislación laboral. Consideran que el artículo que avanza sobre los recursos sindicales podría tratarse más adelante.
Es curioso: Lousteau, jefe de la UCR y uno de los abanderados de la resistencia a Milei en la oposición, tiene una posición similar a Pichetto o Monzó. De hecho, su proyecto de reforma laboral no contemplaba cambios en las cuotas solidarias.

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Adorni fue ascendido de rango y Karina Milei suma recursos para su tropa
El vocero fue promovido a secretario de Estado y la hermana del Presidente contará con más recursos para su área
Maia JastreblanskyManuel Adorni, vocero presidencial
El Gobierno reasignó recursos para sueldos y promovió ascensos en la Secretaría General de la Presidencia, que comanda Karina Milei. El vocero presidencial, Manuel Adorni, un colaborador muy estrecho de la hermana del Presidente, fue ascendido ayer en el rango y tendrá jerarquía de secretario de Estado, de acuerdo con lo que el gobierno de Javier Milei oficializó este miércoles en el Boletín Oficial. El funcionario percibirá un diferencial en su sueldo (”Creo que hay una diferencia”, se limitó a decir en la habitual conferencia de prensa matutina). Según pudo reconstruir LA NACION, el aumento ronda los $200.000.
Según los datos que trascendieron en febrero pasado, cuando se produjo el escándalo por los aumentos en el sueldo de Milei y sus ministros –que luego se retrotrajo– un subsecretario de Estado percibe unos $2,9 millones brutos mientras que un secretario de Estado percibe unos $3,2 millones (sin descuentos).
Karina Milei decidió así empoderar a Adorni con un movimiento que en la Casa Rosada fue leído como un gesto político interno. “Es un tema administrativo pero tiene peso y lectura política. Es un reconocimiento porque ahora es la máxima autoridad en comunicación del Gobierno y un actor relevante en el gabinete”, dijo un colaborador del área. El ascenso de Adorni es todo un mensaje hacia el secretario de Medios, Eduardo Serenellini, que, pese a que en los papeles también tiene el cargo de secretario de Estado, está cada vez más relegado del comando de decisiones de Balcarce 50.
“Asígnase rango y jerarquía de secretario de Estado al titular de la Subsecretaría de Vocería y Comunicación de Gobierno, dependiente de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación”, establece en su artículo 1º la normativa que lleva la firma de Milei y del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, publicada ayer en el Boletín Oficial.
La norma determina que el gasto “que demande el cumplimiento” de esta medida se atenderá con los créditos que se le asignaron a Karina Milei.
En la conferencia de prensa que el vocero encabezó esta mañana en la Casa Rosada dijo que cumplirá “las mismas funciones que antes”, pero con distinta jerarquía en lo formal. “Creo que hay una diferencia, menor pero hay una diferencia”, deslizó sobre su sueldo. La última planilla oficial vigente para verse online con el detalle de lo que cobran cada ministro y secretario es la del primer semestre de 2023.
En febrero, el vocero ya había recibido un fuerte espaldarazo cuando su área pasó a depender directamente de Karina Milei. Fue cuando, al unísono, comenzó la licuación de funciones de Serenellini, que –pese a los embates internos– continúa en el Poder Ejecutivo.
El martes pasado, a través de la decisión administrativa 207/2024, la hermana del Presidente se hizo con más recursos para recomponer los sueldos de los empleados de su área. La Secretaría General de la Presidencia recibió 64.100 Unidades Redistributivas (UR) extras, que son complementos que permiten engrosar los salarios de los empleados públicos de forma discrecional.
Cada unidad vale $634,72, por lo que Karina Milei sumó $40 millones extras mensuales a distribuir entre los empleados de su Secretaría. En la misma publicación se le quitaron 35.000 Unidades Redistributivas a Posse. Es decir que contará con $22,2 millones menos para los sueldos de empleados de la Jefatura de Gabinete.
“La Secretaría General de la Presidencia tuvo cambios de estructura importantes y necesitaba más UR”, justificó un importante colaborador de la Casa Rosada. La reasignación de Unidades Retributivas de un área a otra es un movimiento excepcional y es la primera vez que se hace este tipo de traspaso de recursos en esta gestión.
En la administración pública la mejora de los sueldos básicos con otros componentes discrecionales siempre fue moneda corriente. Regularmente se utilizaba el pago de las horas extras para recomponer los haberes –dado que hay empleados que están a disposición por fuera de su horario oficial– y también se distribuían las Unidades Retributivas por cuestiones de mérito.

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En marzo se pagaron $114 millones en comisiones por ART
La intermediación no es obligatoria, pero un convenio habilitó al Estado a contratar brokers

Camila Dolabjian
La trama de los seguros que investiga la Justicia por ahora hace foco sobre una sola parte del entramado de brokers que cobraron comisiones millonarias sobre las pólizas del Estado. Hay otro capítulo, el de las aseguradoras de riesgo del trabajo (ART), que comienza a abrirse. No solamente gran parte de los seguros patrimoniales (auto, incendio, obras de arte, etc.) fueron intermediados, sino que también los de riesgos del trabajo, que tienen un esquema distinto. La mayor parte del Estado contrata a Provincia ART, del Grupo Provincia, ya que a nivel nacional no hay una aseguradora similar. Por esas pólizas, el Estado pagó el mes pasado cerca de $114 millones en comisiones, según fuentes del mercado. En comparación, de acuerdo con la auditoría que se realizó sobre Nación Seguros, se pagaron en los primeros dos meses del año $239.961.680 sobre los seguros patrimoniales.
Entre 2020 y 2023, Provincia ART absorbió 28 nuevas carteras del sector público nacional, que antes no estaban en su órbita, ocho de las cuales fueron designadas junto con un broker. En esta rama no hubo un decreto del expresidente Alberto Fernández que obligara a contratar una empresa estatal. Así, por ejemplo, YPF no contrata con a una compañía pública. Existe sí un convenio marco con Provincia ART, que le permite a los organismos hacer contratos administrativos y, a criterio de estos, colocar a un intermediario.
Por eso, en el caso del Ministerio de Seguridad, Provincia ART recibió modificaciones de los productores asociados a las pólizas de las distintas fuerzas. Hasta el gobierno de Fernández, Castello Mercuri, empresa que donó US$16.000 a su campaña, tenía las ART de la Policía Federal Argentina, la Gendarmería, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Prefectura y de los empleados del mismo Ministerio. Los últimos tres fueron pasados a la órbita de Héctor Martínez Sosa durante la gestión anterior. Ahora, con el gobierno de Javier Milei y Patricia Bullrich al frente del ministerio, todas las fuerzas pasaron a un contrato directo.
Los productores son designados en las ART de la misma manera que en los seguros patrimoniales: se requiere una nota firmada y certificada por el área para que Provincia ART le pague una comisión que, a diferencia del caso de Nación Seguros, está determinada por ley. Es un 5% de la prima mensual contra el pago de la entidad, que es abonada por la empresa y no por el organismo, por lo que no le conlleva una erogación directa a los ministerios o entes, o una modificación de la alícuota que pagan, sino que le implica un costo adicional a la compañía.
Cerca de una decena de organismos, en la gestión de Fernández, pasaron de contratar de manera directa a Provincia ART a colocar un broker, lo cual generó un dolor de cabeza para la compañía: la empresa tenían armado un equipo acorde a la atención sin intermediación de esas áreas y, con la aparición de un productor, esas personas quedan ociosas y deben reubicarse en otras tareas. Es por este motivo que la empresa deberá hacer una reestructuración ahora que una gran parte de sus clientes públicos le están requiriendo la remoción de los intermediarios.
El broker interviene en dos momentos. Cuando se contrata un servicio, podría ofrecer distintas opciones, con las distintas empresas de mercado, al negociar una mejor alícuota de la prima, que dependen de la masa salarial y del riesgo del trabajo asociado y precio final de la ART. Pero allí es donde el sector público debe ir a licitación, por lo que su rol pierde sentido. Si se hace un convenio interadministrativo con Provincia ART, con quien hay un acuerdo marco, tampoco su rol tiene relevancia porque el sector público contrata con sí mismo.
La segunda instancia en la que interviene el broker es en la de los “servicios posventa”: hacen gestiones entre las partes ante los accidentes de los trabajadores y buscan “mejoras” de lo que ofrece la ART, como cubrir preocupaciones y elementos de prevención, entre otros. La irregularidad yacería, en ese momento, en la discrecionalidad para la colocación del mismo sin licitación ni ningún mecanismo que permita competencia entre ellos para determinar un mejor precio o prestación.

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DEBATE EN EL CONGRESO

La oposición pide mejorar jubilaciones y reincorporar el impuesto al tabaco
Los bloques dialoguistas nucleados en Pro, la UCR, Hacemos e Innovación Federal reclaman modificaciones a la “Ley de bases”; van a solicitar que se incorpore la reforma laboral

Laura SerraEl bloque Hacemos Coalición Federal, presidido por Miguel Pichetto, plantea cambios
Tras mantener reuniones por separado con el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro del Interior, Guillermo Francos, en la Casa Rosada, los cuatro bloques de diputados dialoguistas –incluido Pro, el aliado más cercano del Gobierno– decidieron ayer cerrar filas para ganar impulso en el planteo de modificaciones a la versión acotada de la nueva “Ley de bases”. Reclamarán que se incorpore en la iniciativa la reforma laboral, la reintroducción de los artículos que garanticen el pago equitativo de impuestos al sector tabacalero y un esquema alternativo a la derogación de las moratorias previsionales, entre otros puntos.
Los bloques de Pro, la UCR, Hacemos e Innovación Federal reclamarán que la actualización del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, como así también de las respectivas escalas, sea trimestral y no anual, como propone el Gobierno. Legisladores patagónicos plantearán, por su parte, sus objeciones al monto mínimo a partir del cual se gravarán los salarios (1,8 millones para los solteros y 2,2 millones para los casados) por considerar que un amplio abanico de asalariados de aquella región quedarían comprendidos por el tributo.
La reversión del impuesto a las ganancias para la cuarta categoría está incluida en el paquete fiscal que el Poder Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados y será uno de los puntos salientes en la discusión que arrancará mañana en la Comisión de Presupuesto. La versión acotada de la “Ley de bases”, en cambio, todavía no tiene fecha de discusión. La intención del oficialismo es tomar como base el dictamen que tuvo aprobación en enero, cuando se discutió el texto original –que naufragó en el recinto–, e incorporarle las modificaciones acordadas con la oposición dialoguista durante las negociaciones que se desarrollaron en la Casa Rosada. Estos bloques, si bien anticiparon que votarán en general la iniciativa, advierten que todavía persisten artículos sobre los que no están de acuerdo y reclamarán cambios.
Fondos fiduciarios: este fue uno de los temas que hizo naufragar la versión original de la “Ley de bases”. La nueva versión faculta al Poder Ejecutivo a modificar o cancelar los fondos fiduciarios y que los recursos que los nutren –provenientes de asignaciones específicas de impuestos coparticipables– vayan al Tesoro. La oposición sostiene que los recursos de los fondos fiduciarios, si estos son eliminados por el Gobierno, deben ir a la masa de coparticipación, no al Tesoro.
Organismos públicos: a instancias de la oposición, el Gobierno excluyó en la iniciativa a varios organismos pasibles de ser disueltos o intervenidos por el Poder Ejecutivo a partir de las facultades delegadas. Los opositores propondrán ampliar esta lista e incluir al Instituto Malbrán; el Banco Nacional de Datos Genéticos; la Anmat; la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae); el Instituto NaDía cional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai); el Servicio Meteorológico Nacional; el Senasa, y la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau).
Privatizaciones: la venta del Banco Nación y sus seis empresas anexas genera posiciones contrapuestas entre los bloques. Algunos están a favor, otros en contra. Propondrán al Gobierno separar, en un artículo aparte, a esta entidad bancaria del resto de las empresas públicas a ser privatizadas. Asimismo, sugerirán que en el caso de que la Sindicatura General de la Nación (Sigen) emita un informe crítico soluego bre la privatización de una determinada empresa, el proceso se frene durante 45 días para que el Congreso intervenga.
Desregulación económica: no aceptarán el artículo 70 de la iniciativa por considerar que es demasiado concesivo. Allí se faculta al Ejecutivo a disponer la derogación o modificación de leyes que, de forma manifiesta, generen distorsiones en los precios de mercado, un sobrecosto en el sector regulado, o la escasez de bienes y servicios sin justificación de interés público.
Reforma laboral: fue presentada por la UCR. Si bien los bloques no tienen una posición unívoca sobre esta iniciativa –que propone eliminar las llamadas “cuotas sindicales”–, sí están de acuerdo en que debería ser incorporada en la nueva versión de la “Ley de bases”.
Moratoria previsional: el Gobierno propone derogar este régimen, pero los opositores plantearán que se incorpore un esquema alternativo que permita que aquellos en condiciones de jubilarse que no cumplieron con los 30 años de aportes que exige la ley puedan recibir una prestación proporcional.
Tabaco: el Gobierno eliminó del proyecto el capítulo para que todas las empresas del sector paguen los mismos impuestos, resistido por las empresas como Tabacalera Sarandí. Los opositores insistirán en que este capítulo sea reincorporado.
Grandes inversiones: solo admite proyectos que involucren un monto de inversión igual o superior a US$200 millones. A ellos se les ofrece un amplio menú de beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios, como una alícuota única del impuesto a las ganancias del 25%; la actualización de quebrantos por IPC en Ganancias; tratamientos tributarios preferenciales para las utilidades y dividendos.
El FGS de Anses: el Gobierno tiene la intención de consolidar las tenencias de los títulos de deuda pública en poder de las entidades del Sector Público Nacional (SPN), entre ellos los $26.000 millones en títulos que están en manos del FGS. Los opositores quieren condicionar la aprobación de este artículo a que, previamente, el Gobierno garantice que la Anses afrontará la deuda con las 13 cajas jubilatorias provinciales no transferidas a Nación.

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El Gobierno envió el paquete fiscal, con blanqueo y Ganancias
El proyecto tiene 102 artículos y prevé modificar varios tributos; hoy comenzará a debatirse en la Comisión de Presupuesto
Maia Jastreblansky
El Gobierno envió ayer al Congreso la iniciativa con la “ley de medidas fiscales paliativas y relevantes”, un paquete fiscal de 102 artículos que contiene, entre otros puntos, una moratoria, un amplio blanqueo de capitales y la propuesta de restituir la cuarta categoría del impuesto a las ganancias. La gestión de Javier Milei dejó afuera los capítulos más controvertidos –como la reforma del impuesto al tabaco– y cree haber generado un consenso en torno al proyecto para que avance sin grandes contratiempos la semana que viene en la Cámara baja junto a la nueva “Ley de bases”.
El proyecto fiscal no tuvo variaciones significativas respecto del último borrador que se envió a los gobernadores y los jefes de bloque. En un intento de acelerar el debate en Diputados, el oficialismo convocó para hoy a una reunión informativa de la Comisión de Presupuesto, que preside José Luis Espert, en la que expondrán el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y José Salim, director de Auditoría de la AFIP (ver aparte). “Estamos terminando de contar las cabezas antes de iniciar el debate”, dijo a la nacion un estrechísimo colaborador del Presidente.
Respecto de los acuerdos políticos, el ministro del Interior, Guillermo Francos, viajó ayer al interior para hacer gestos hacia algunos gobernadores. Cerró su raid en Santiago del Estero para encontrarse con Gerardo Zamora, un viejo aliado de Cristina Kirchner que puede ser clave para Milei porque controla a los tres senadores de su provincia. Ayer, en tanto, Francos recibió a los nueve diputados del bloque Innovación Federal, que se mostraron proclives a acompañar. Ya no quedan demasiadas instancias políticas para zurcir acuerdos. Lo único que resta es el poroteo fino de los votos y la hora de la verdad.
El único reloj que corre para la gestión de Milei es el que termina en el Pacto de Mayo, previsto para el de la Patria en la ciudad de Córdoba. Faltan algo más de cinco semanas. Pese a que Milei había dicho que la sanción de las leyes era condición sine qua non para habilitar el “gran acuerdo nacional”, ayer en la Casa Rosada un colaborador del Presidente aseguraba que el evento del 25 de Mayo “se hará igual” con aquellos actores que demuestren acompañar al Gobierno.
La ley fiscal, para la que el Gobierno enhebró acuerdo con diferentes gobernadores, contiene seis capítulos bien definidos: régimen de regularización excepcional de obligaciones tributarias, aduaneras y de seguridad social (una moratoria fiscal); régimen de regularización de activos (un blanqueo); impuesto sobre los bienes personales (Ganancias); impuesto a la transferencia de inmuebles de personas físicas y sucesiones indivisas; régimen simplificado para pequeños contribuyentes, y régimen de transparencia fiscal al consumidor.
Según los fundamentos del proyecto, “el Estado nacional se encuentra obligado a balancear sus cuentas fiscales, debiendo para ello apoyarse en dos pilares fundamentales: la reducción de gasto público y la mejora en la recaudación impositiva”.
En la iniciativa, el blanqueo tiene un plazo hasta el 30 de abril de 2025, aunque podría extenderse a julio de ese mismo año. Los bienes a regularizar incluyen desde dinero, inmuebles, acciones o títulos hasta criptomonedas. Se habilita el sinceramiento de hasta US$100.000 sin penalidad.
La propuesta del nuevo impuesto a las ganancias, rebautizado “impuesto a los ingresos personales”, fija un mínimo no imponible en $1,8 millones para los solteros y en $2,2 millones para los casados con hijos. Si prosperara esta medida, casi un millón de asalariados volverán a pagar el tributo. Los montos se ajustarán anualmente, por el índice de precios al consumidor.
La iniciativa indica que el Estado y las provincias deben “recomponer los ingresos perdidos por la política fiscal adoptada en forma previa a diciembre de 2023” (en alusión a la reforma en el impuesto a las ganancias impulsada por Sergio Massa durante la última campaña electoral) “sin dejar de lado la capacidad contributiva de cada contribuyente en particular y la progresividad del impuesto”. En la Casa Rosada y el Palacio de Hacienda hacen hincapié en la escala progresiva del impuesto, que va del 5 al 35% según los ingresos.
Respecto del impuesto a los bienes personales, el proyecto del Gobierno advierte que entre 2016 y el 2023 “la alícuota nominal del impuesto sobre los bienes personales fue incrementada en sucesivos saltos desde 0,25% hasta una tasa máxima de 2,25%. “Resulta excesivo a la luz de las garantías constitucionales de capacidad contributiva y no confiscatoriedad”, advierte el texto.
El proyecto elimina el impuesto a la transferencia de inmuebles de personas físicas y sucesiones indivisas. El Gobierno justificó que este gravamen tiene “baja incidencia recaudatoria y poca eficacia práctica”

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Francos buscó el apoyo del último bloque dialoguista en Diputados
Se reunió con Innovación Federal, que responde a los gobernadores de Salta, Misiones y Río Negro

Jaime RosembergPRESIDENCIAEl ministro y los legisladores, ayer, en la Casa Rosada
“Un momento, me llama el gobernador”, se disculpó con una sonrisa la diputada Pamela Calletti ante los periodistas en la Casa Rosada, mientras buscaba un espacio sin testigos para hablar vía celular con el mandatario salteño, Gustavo Sáenz.
La escena ocurrió ayer, al término de la reunión que Guillermo Francos mantuvo durante poco más de una hora con los ocho integrantes del bloque Innovación Federal, últimos en la ajetreada ronda de encuentros que el ministro del Interior tuvo para lograr apoyo a la renovada “Ley de bases” y el paquete fiscal, que por la tarde llegó a la Cámara baja.
“Tenemos la voluntad de darle al Gobierno las herramientas que necesita, en la medida en que no afecte los intereses de nuestras provincias”, dijo Calletti, exministra de Justicia de Salta, al término del cónclave, del que también participaron los diputados Pablo Outes y Yolanda Vega (ambos salteños); Alberto Arrúa, Carlos Fernández, Yamila Ruiz, Daniel Vancsik (los cuatro, del oficialista Frente para la Concordia, de Misiones), y el rionegrino Agustín Domingo.
Junto a Francos, estuvieron el secretario ejecutivo del Gobierno, José Rolandi, y el secretario de Interior, Lisandro Catalán.
Además de Sáenz, los gobernadores Hugo Passalacqua (Misiones) y Alberto Weretilneck (Río Negro) estuvieron informados sobre lo conversado. También el caudillo misionero Carlos Rovira, hombre fuerte de esa provincia. Luego de sus tres reuniones de anteayer, primero en la Casa Rosada con el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal; luego en Paraná, con Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martín Llaryora (Córdoba), que en Interior valoraron como muy positiva, y finalmente en Santiago del Estero con Gerardo Zamora, Francos acelera la búsqueda de aliados para tratar ambas iniciativas, con fecha posible para el 3 de mayo.
A la salida, los diputados dejaron entrever que ya sabían que hoy comenzará a tratarse el paquete fiscal en la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja, con la presencia de Rolandi
“No habíamos sido convocados hasta ahora, y el diálogo fue bueno porque se han tomado en cuenta inquietudes importantes para nosotros”, agregó el diputado Domingo, interesado –como el resto de la delegación– en dejar en claro el carácter “independiente” del bloque, más allá de sus acuerdos puntuales con Hacemos Coalición Federal, que encabeza Miguel Pichetto.
Los diputados pidieron que se coparticipe el blanqueo de capitales y la posibilidad de reflotar la obra pública, reducida de modo dramática en la mayor parte del país.
Inquietud
“Transmitimos la inquietud, hay una disposición del Gobierno de regularizar este tema de aquí a unos meses, de acuerdo al estado de avance de las obras”, afirmó el misionero Fernández. Los diputados también entendieron que los cambios en la industria tabacalera quedarán excluidos de la “Ley de bases”, a pesar de que, según Calletti, los diputados “vamos a defender a nuestros productores, y el Fondo Especial del Tabaco (FET) a pesar de los lobbies”, en referencia crítica a la presión de empresarios del sector, que lograron retirar este punto del proyecto.
Además de los votos propios y los de Pro, el Gobierno confía en el apoyo de Hacemos y de Innovación Federal para acercarse a los 129 diputados que necesita en Diputados. También, en una parte del bloque de la UCR, que le presentó al oficialismo días atrás una nueva y acotada ley laboral, y que también podrían dar apoyo a la “Ley de bases”.

NUEVOS PLANTEOS CONTRA EL DNU

A instancias del kirchnerismo y un sector de la oposición dialoguista, cámaras farmacéuticas, usuarios de la salud privada, inquilinos y defensores de jubilados expresaron ayer su rechazo al DNU 70/2023 en la Comisión de Defensa de la Competencia de la Cámara baja.
Por la Federación Argentina de Cámaras de Farmacias, Sergio Barilari exigió rechazar la libre venta de medicamentos en los comercios. Contra la desregulación de aumentos de las prepagas se expresaron Roberto Sukerman (Fundación por los Derechos Económicos Sociales ), Jo sé Luis G ar cía V enture ira( abogados auto convocados)y Facundo Man cebo( De fe ns o ría del Pueblo de Lanús ).

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NEGOCIACIONES

Milei pidió reunirse con Lula, en un giro sorpresivo
Después de las críticas, hizo la solicitud a través de la canciller Mondino, quien se encuentra en Brasil

Jaime RosembergEvaristo sa/aFPLos cancilleres Vieira (Brasil) y Mondino
En un sorprendente cambio de estrategia, el presidente Javier Milei pidió, a través de la canciller Diana Mondino, una reunión con su par de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Así confirmaron a cerca la nacion del Presidente, dando por descontado que la reunión debería llevarse a cabo en las próximas semanas. “Se la va a tener que dar, no se trata de una cuestión de gustos”, especularon en la Casa Rosada, donde son optimistas respecto de que el encuentro se concretará luego de cuatro meses de frialdad y distancia entre ambos presidentes.
Tal como informó la nacion, durante el encuentro de cancilleres entre Mondino y Vieira no hubo una definición puntual sobre un eventual encuentro entre los presidentes, y de hecho, hasta anteayer en la Casa Rosada le asignaban nulas chances. “No va a haber reunión, de hecho Bolsonaro nunca se reunió con (Alberto) Fernández. Una cosa son los presidentes, otra la diplomacia”, respondieron ayer cerca del presidente Milei sin lugar para segundas lecturas. El pedido argentino conocido ayer, entonces, representa un giro pragmático en sus posturas históricas en relación con Brasil, uno de los principales socios comerciales del país, aunque fuentes diplomáticas aclararon que fue un pedido informal, sin aclarar dónde ni cuándo se produciría el acuerdo.
Una curiosidad: en algunas reuniones, junto a Mondino, estuvieron el cónsul en San Pablo, Luis María Kreckler, que sonaba como próximo embajador, y el exembajador Daniel Scioli, quien bregaba por un acercamiento entre ambos presidentes.
La salida de los Brics, grupo al que el presidente Alberto Fernández había acordado sumarse antes de dejar el poder, y la decisión de Milei de no tener vínculos “con países comunistas” (entre los cuales incluyó al gobierno de Lula) complicaron de entrada la relación bilateral, ya de por sí complicada por la sintonía entre Milei y el rival de Lula, el expresidente Jair Bolsonaro.
El por ahora lejano 16 de julio, en Asunción, está programada la reunión de jefes de Estado del Mercosur, la primera oportunidad en la que Lula y Milei podrían cruzarse, aunque sea junto a los presidentes de Paraguay, Uruguay y Bolivia, sumado recientemente al bloque común. Vieira fue el representante de Brasil en la asunción de Milei, el 10 de diciembre pasado, donde sí estuvieron Bolsonaro y su hijo Eduardo. Mientras la canciller Mondino desarrolla su tercera jornada de visita oficial a Brasil, el gobierno de Milei confirmó la designación del diplomático de carrera Daniel Raimondi como nuevo embajador en ese país.
La designación en Brasilia del hasta hoy representante argentino en la Organización de Estados Americanos (OEA) cubre formalmente la vacante abierta desde la llegada de Scioli a la Secretaría de Ambiente, Deportes y Turismo. Ademas, abre la puerta para la llegada al organismo de Sonia Cavallo, cuyo pliego para asumir en reemplazo de Raimondi en Washington está pendiente de aprobación en el recinto del Senado. Cavallo es la hija del exministro de Economía de Carlos Menem y Fernando de la Rúa.
“Trasládase desde la representación permanente de la república ante la OEA a la embajada de la república en la República Federativa de Brasil al señor embajador extraordinario y plenipotenciario Guillermo Daniel Raimondi”, reza el texto del decreto de designación, publicado en el Boletín Oficial y que cuenta con la firma del Presidente y la canciller Mondino.
La estadía de Raimondi en Washington fue breve, solo de tres meses, y estaba prevista para cubrir la vacante en la OEA hasta que Cavallo obtuviera el aval legislativo. Durante el gobierno de Alberto Fernández no tuvo funciones fuera del país, desplazado luego de ejercer como secretario de Relaciones Exteriores, número dos del entonces canciller Jorge Faurie, durante el gobierno de Mauricio Macri.
La llegada de Raimondi a Brasil, al igual que la visita de Mondino, que incluyó encuentros con el canciller Arturo Vieira, funcionarios y empresarios de ese país, responde a la necesidad de encarrilar un vínculo complicado por la áspera relación entre el Presidente y su par de Brasil.
En el caso de Cavallo, la hija del exministro, que defendió su postulación en la Comisión de Acuerdos semanas atrás, podría obtener el aval del Senado para viajar a la OEA en la sesión de mañana, aunque la aprobación de su pliego no estaría del todo garantizada.

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El Papa evalúa la posibilidad de venir a fin de año
Francisco reafirmó su deseo de visitar el país al recibir al gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés
Elisabetta Piqué CORRESPONSAL EN ROMAGob. de corrientesEl Papa recibió ayer al correntino Gustavo Valdés
ROMA.– El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, referente de la Unión Cívica Radical (UCR) y mandatario provincial con una postura dialoguista con el oficialismo, fue recibido ayer en audiencia por el papa Francisco, que le confirmó que sigue estudiando la posibilidad de viajar a su patria antes de fin de año.
“El Papa está mirando y evaluando la posibilidad de ir a la Argentina, habló de que está viendo la posibilidad antes de fin de año”, dijo Valdés, en diálogo con la nacion.
La semana pasada, el Vaticano confirmó que el Pontífice, de 87 años, hará a principios de septiembre (del 2 al 13) un viaje a Indonesia, Papúa Nueva Guinea, Timor Oriental y Singapur, que se convertirá en el más largo del pontificado. A fin del año pasado, debido a una bronquitis, el papa Francisco debió suspender un viaje a Dubái para la cumbre sobre cambio climático. Vistos recientes achaques y dificultades de movimiento por el problema en su rodilla derecha, se especula con que el demorado viaje a la Argentina, una asignatura pendiente, dependerá de cómo reaccionará su físico al periplo más que exigente de septiembre y de los consejos de sus médicos.
“Ojalá se concrete: tener al Santo Padre en la Argentina sería muy bueno, es la máxima autoridad católica”, dijo Valdés, que aseguró que “por supuesto” también lo invitó a Corrientes y que lo vio bien de salud.
“Personalmente, lo vi muy bien, muy lúcido, conociendo exactamente cada una de las cosas de las que hablamos, muy amable, muy cálido”, afirmó el gobernador de Corrientes.
Procedente de una feria forestal en Alemania, que visitó para explorar posibilidades para Corrientes en materia forestal, Valdés contó que estuvo con el Santo Padre “casi media hora”. En la audiencia, que fue dada a conocer por el boletín diario del Vaticano y que fue “muy buena”, “muy auspiciosa”, el Papa y el gobernador correntino conversaron de la situación económica y social de su provincia y, en general, del país, donde “hay dificultades, pero la gente tiene esperanza de salir adelante”, destacó Valdés.
“Fue la primera vez para mí, no lo conocía al Papa, le pedimos audiencia y nos concedió y por eso fuimos, para llevarle el saludo de la provincia de Corrientes, que es muy católica”, indicó el mandatario, que estuvo solo en el cara a cara con el Papa, que tuvo lugar en el despacho de la sala adyacente al Aula Pablo VI, denominada “Il Fungo”.
“Hablamos de la realidad de la provincia, de la labor pastoral de la Iglesia, de la cuestión social, de Cáritas, compartimos el achicamiento del gasto del Estado y nos pidió una mirada por la gente que más lo necesita y nos pidió que ayudemos a Cáritas”, dijo.
Preguntado acerca de si vio al Papa preocupado por su país, Valdés, que fue el gobernador que primero recibió una visita del presidente Milei, contestó que no. “No, lo vi informado y con la mirada puesta en los que menos tienen, en los más necesitados”, contestó.

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Milei choca con problemas en el Senado para designar al embajador en Israel
Negociaciones de último momento La Cámara alta tratará hoy los pliegos de un conjunto de representantes diplomáticos propuestos por el Gobierno; la postulación del rabino Wahnish enfrenta objeciones

Gustavo YbarraAxel Wahnish, propuesto para embajador en Israel, al defender su postulación en el Senado
El oficialismo en el Senado quiere ofrendarle al gobierno nacional la designación de un grupo de embajadores en destinos estratégicos, para lo que convocó a sesión para mañana.
Sin embargo, y con el reciente ataque de Irán a Israel como telón de fondo, la vicepresidenta Victoria Villarruel y su escueta tropa de legisladores todavía no tienen asegurados los votos para darle acuerdo a Axel Wahnish, propuesto por Javier Milei para ocupar la sede diplomática de Tel Aviv.
Wahnish es el rabino ortodoxo que instruye y acompaña casi siempre al Presidente. “Estamos muy ajustados”, reconoció un operador parlamentario de cion la vicepresidenta en relación con la nominación del religioso como diplomático.
Una suerte diferente correrá Gerardo Werthein, propuesto para ocupar la embajada en los Estados Unidos.
El empresario y dirigente deportivo trajinó los teléfonos de todos los senadores y tiene asegurados los votos, incluso de senadores del kirchnerismo que le garantizarán su designación como representante argentino ante la administración de Joe Biden.
En el paquete de pliegos diplomáticos que impulsa el Poder Ejecutivo y cuyo tratamiento en el recinto de la Cámara alta se resolvió ayer al mediodía en reunión de jefes de bloque también figuran los de Guillermo Nielsen (Paraguay), Agustín Caucino (India), Ian Selecki (Francia) y Sonia María del Milagro Cavallo (Organización de Estados Americanos), hija del exministro de Economía menemista.
El nombramiento más complicado es el de Wahnish, rabino del jefe del Estado y sin experiencia diplomática, cuya designación encuentra fuerte resistencia en el kirchnerismo.
Wahnish mantuvo un intenso entredicho con la senadora kirchnerista Lucía Corpacci (Catamarca) cuando concurrió a defender su pliego a la Comisión de Acuerdos de la Cámara alta.
Sin embargo, su figura también es resistida entre los bloques de la denominada oposición dialoguista.
Diferencias por la embajada
El panorama se complicó la semana pasada, luego de que en una entrevista Milei volviera a insistir con la idea de trasladar a Jesuralén la embajada argentina que actualmente se encuentra en Tel Aviv.
Esta declaración volvió a foja cero el acuerdo al que había arribado la canciller Diana Mondino con Martín Lousteau (UCR-Capital) y que había permitido destrabar el dictamen de comisión de Wahnish, que el senador y presidente del Comité Nacional del radicalismo se resistía a firmar.
El eventual traslado de la sede diplomática a Jerusalén fue motivo de un entredicho entre el candidato y Lousteau en la misma reunión de la Comisión de Acuerdos.
El legislador apestilló a Wahnish en varias oportunidades sobre si conocía la existencia de un dictamen jurídico de la Cancillería sobre el tema.
Además, le recordó al rabino que la ciudad considerada santa por las tres principales religiones monoteístas es un territorio reconocido en disputa por las Naciones Unidas, por lo que la instalación de la sede diplomática argentina allí terminaría convalidando una de las posiciones del diferendo.
“La ONU dividió a Jerusalén en dos sectores. Nunca iríamos a poner la embajada en el sector este. Se parte entonces de una premisa errónea y no estaríamos en tierra ocupada, sino en la reconocida por la ONU. Fue el primer tema cuando charlamos con Mondino”, respondió Wahnish.
Al rechazo del peronismo, que no está dispuesto a votar el pliego del religioso, y de Lousteau, se suma el de otros miembros de la oposición dialoguista que no ven con buenos ojos la falta de experiencia en materia diplomática del postulante. Mucho más en el nuevo escenario que se abrió en Medio Oriente tras el ataque perpetrado por la República Islámica de Irán contra Israel el último fin de semana.
El tema divide aguas al interior de los exsocios de Juntos por el Cambio.
“Para que la Argentina haga un buen papel, como quiere Milei, hay que enviar una persona con experiencia y Wahnish no la tiene, no es la persona indicada para este momento”, deslizó un legislador.
“La política exterior la tenemos que discutir con el Poder Ejecutivo; no podemos rechazar a un postulante a embajador que no tiene graves objeciones porque no nos gusta la postura del Gobierno sobre un tema”, contrapusieron en otro despacho dialoguista.
Contactos
La suerte de Wahnish podría cambiar si el Gobierno logra restablecer relaciones con el gobernador de Santa Cruz, el peronista Claudio Vidal, y este, a su vez, logra alinear a los senadores José María Carambia y Natalia Gadano.
Molestos con la decisión del Poder Ejecutivo de parar la construcción de las represas sobre el Río Santa Cruz y de privatizar Yacimientos Carboníferos Río Turbio, estos legisladores tomaron la decisión de votar en contra de las propuestas del Poder Ejecutivo.
El ministro del Interior, Guillermo Francos, se reunió esta semana con el mandatario patagónico, pero hasta el momento los legisladores no estarían dispuestos a cambiar su postura.
Tras tomar la decisión de sesionar esta semana para tratar de mostrar un Senado en funcionamiento, una de las obsesiones de la vicepresidenta en su política de diferenciarse de su antecesora en el cargo, Cristina Kirchner, los colaboradores parlamentarios de Villarruel iniciaron contactos para saber el terreno sobre el que están parados. Hasta el momento, la postulación de Wahnish es la más complicada.
Tampoco tendrían asegurado los votos para que la hija del exministro de Economía Domingo Cavallo se convierta en representante ante la OEA en Washington, aunque en este caso estarían más cerca de poder darle acuerdo

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